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miércoles, 26 de enero de 2011

El despilfarro sin límite de las primeras damas africanas

A falta de democracia, aleaciones áureas. Mientras que la ex primera dama tunecina, Leila Trabelsi, ampliaba esta semana su leyenda negra tras supuestamente huir del país con 1,5 toneladas de oro, muchas otras consortes continentales muestran un gusto igual de desatado por los metales nobles.
 Ernestina Naadu

Éste es el caso de Ernestina Naadu Mill, esposa del presidente de Ghana que, en una visita a la Casa Blanca, agasajó a su homóloga estadounidense, Michelle Obama, con un reloj de oro y diamantes valorado en nada menos que 48.000 dólares (la renta per capita del país africano es de solo 1.600 dólares).
Igual de llamativos resultan los síndromes de Grace Mugabe -cónyuge del mandatario de Zimbabue- a quien se acusa de poseer más de 3.000 pares de zapatos y de pulir, a principios del año pasado, más de 100.000 euros en apenas dos horas de compras por París; o la etíope Azeb Mesfin, quien acostumbra a dilapidar en tiendas de alta costura el patrimonio de su marido: 1.200 millones de euros.
 85 cumpleaños de Robert Mugabe
Cinco millones de euros en un viaje
De igual modo, también destacan la guineana Constancia Obiang (que recientemente recibió una contrata gubernamental cercana a los 375 millones de euros), la sudafricana Nompumelelo Ntuli (que aúna infidelidades y facturas sin pagar en comercios de lujo), la camerunés Chantal Biya (famosa por sus bolsos de Chanel) y la congoleña Antoine Sassou Nguesso (amante, como su marido, de la ropa de diseño francesa).
Pero quien se lleva la palma en este nido de desenfreno económico es el rey de Swazilandia, King Mswati III. En 2009, sus 13 esposas facturaron más de cinco millones de euros en un viaje de placer por Italia, Francia, Dubai y Taiwan. Un costoso periplo carente de críticas internas: en el país africano las valoraciones sobre la vida personal del monarca son delito estatal. 
Fuente: ABC

martes, 18 de enero de 2011

Costa de Marfil: el peligro de una fractura militar


Cuantas más noticias leo y cuanto más escucho a mis hermanos marfileños al otro lado del teléfono más entiendo como debe sentirse Laurent Gbagbo en estos momentos. Supongo que después de tantas semanas de tensión y enfrentamientos políticos la presión externa ha empezado a hacer mella y el cerco se estrecha cada vez más sobre él.

Este profesor de Historia que desembarcó en el escenario político marfileño a comienzos de los años 70 y que sufrió un encarcelamiento de dos años por activismo político, y después un exilio en Francia por fundar un partido de corte socialista, nunca debió imaginar que el país que le acogió entonces durante 8 años se volvería en su mayor pesadilla después.

De carácter tenaz y perseverante Gbagbo ha demostrado en los últimos tiempos que no teme a casi nada y que está dispuesto a seguir en su lugar cueste lo que cueste. Los resultados electorales del pasado 28 de noviembre le han colocado sin embargo en el punto de mira de la comunidad internacional y en el blanco de graves acusaciones con delitos contra los derechos humanos. “Contratación de mercedarios liberianos y angoleños, asesinatos y desapariciones, fosas comunes, maltratos en cárceles marfileñas…” son algunos de los delitos que se le achacan desde el lado contrario encabezado por su eterno rival Alassane Ouattara.


Mientras Gbagbo sigue en su lugar sin pestañear y fiel a sus ideales socialistas y nacionalistas, gracias principalmente al apoyo de sus votantes pero sobre todo al respaldo que conserva de las Fuerzas de Defensa y Seguridad (FDS) integradas por el ejército y la policía. Muchos pensamos que si ese apoyo falla, la silla en la que se sienta Ggagbo caerá sin remedio y esa caída parece que es cada vez más probable.

Los últimos incidentes en el barrio de Abobo con la muerte de 8 policías y 3 civiles y numerosos heridos, son la primera señal de esa posible caída. Lo que en principio nos pareció un enfrentamiento callejero entre los miembros de las FDS y militares rebeldes partidarios de Ouattara vestidos de civiles e infiltrados entre la población del barrio, ahora el bando de Ouattara nos quiere hacer creer otra historia. Algunos diarios marfileños se hacían eco de la versión que partidarios de Alassane se han encargado de difundir en los últimos días apartando a las Fuerzas Nuevas (FN), ejército rebelde que apoya a Ouattara, del conflicto: “todos estos enfrentamientos de Abobo y de Anyama son entre miembros de las FDS y las propias milicias extranjeras para el servicio de Laurent Gbagbo”.

¿Qué sentido tendría entonces provocar un enfrentamiento armado dentro de las propias fuerzas de seguridad del estado marfileño?. Estas declaraciones también han sido calificadas de absurdas por los partidarios de Gbagbo que aseguran que miembros de las FN han ido situándose estratégicamente a través de comandos armados en distintos barrios de Abidjan y en poblaciones cercanas a la capital. El objetivo: tomar posiciones y generar alarmismo en las calles marfileñas protagonizando violentos actos armados contra las FDS, se trata de ir eliminando poco a poco a miembros del ejército y la policía, ante la pasividad de las fuerzas de la ONU y la falta de una intervención militar externa que tanto ha demandado el propio Alassane Ouattara.

Lo que ocurrió en el sector PK18 del barrio de Abobo puede ser el comienzo de la mecha que ha comenzado a arder y que demuestra que el enfrentamiento político ha dado paso al enfrentamiento callejero, con actos violentos a modo de guerrilla urbana. Una guerrilla protagonizada por las fuerzas armadas de ambos bandos y que incluso podría extenderse a otros barrios de la ciudad de Abidjan, enmascarada entre la población civil que diariamente lucha contra esta crisis política y económica que pesa sobre Costa de Marfil. Por el momento se mantiene el toque de queda anunciado por el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas marfileñas, general Philippe Mangou, y que afecta a los barrios de Abobo y Anyama entre las 19:00h a las 06:00h. Una medida que trata de controlar los disturbios y evitar más muertes en la calle.

¿Podríamos decir que además estamos presenciando la posible fractura interna de las FDS? Un comunicado hecho público a través de la red y supuestamente firmado por militares y policías marfileños podría ser la prueba de esta nueva crisis interna. Dicho documento señala que a medida que la crisis marfileña se prolonga van surgiendo dudas y posibles excisiones dentro del ejército y de la policía. Una parte de la base militar no está tan convencida de que el respaldo a Gbagbo sea la mejor opción y por el momento se limitan a cumplir órdenes con las que muchos no están de acuerdo, pero que responden al juramento que han realizado de fidelidad a la República. El descontento y el malestar de policías y militares es cada vez mayor , mientras por su parte Alassane mueve sus hilos y poco a poco intenta que los oficiales y generales se vayan acercando a su postura.


Intervenciones policiales como la de Abobo han sido duramente criticadas por los propios militares y policías que ven como sus compañeros caen muertos en enfrentamientos callejeros innecesarios. La muerte de policías en Abobo provocó el pasado jueves un debate interno entre las FDS tratando de depurar responsabilidades sobre quien dio la orden de intervenir y por qué no fueron informados de tal misión algunos de los altos cargos de las FDS.

Pero además estas diferencias en el seno de las Fuerzas de Defensa y Seguridad se verían todavía más agravada con la posibilidad de que militares y policías no puedan cobrar sus sueldos a finales de este mes. El BCEAO (Banco Central de Estados de África del Oeste) es una de las entidades financieras más fuertes de este lado del continente y a través del cual se realiza el pago de los salarios de la mayor parte de los funcionarios marfileños. Mientras desde el Ministerio de Finanzas de Gbagbo aseguran que nada puede hacer peligrar los sueldos del funcionariado, las presiones económicas sobre el gobierno actual ponen en duda esta afirmación.

Otros documentos infiltrados por la red nos dan también una nueva pista que habrá que seguir atentamente en las próximas semanas y que se basa en las discrepancias que han comenzado a surgir entre Alassane Ouattara y Guillaume Soro (su primer ministro y ex cabecilla de las Fuerzas Nuevas). Según un documentos de los servicios secretos suizos redactado el pasado 3 de enero, la posible intervención militar para sacar a Gbagbo del poder es la cuestión que ha provocado las discrepancias entre los que por el momento son “socios” en el gobierno candidato a la presidencia marfileña. Mientras Ouattara se muestra partidario de una presión económica sobre Gbagbo para hacerle abandonar el palacio presidencial, Soro aboga por una intervención militar para acabar con el conflicto.

Soro desea una caída de Gbagbo por la fuerza o una partición del país con el fin de consolidar el control en la zona "norte" y teme además que la crisis se dilate dando tiempo a Gbagbo para cambiar por completo la situación marfileña en su favor. Por su parte, Alassane Ouattara no desea recurrir a estos métodos sino prefiere las estrategias de estrangulación financiera y de aislamiento diplomático con el fin de que Gbagbo renuncie al poder.

Según este documento: “Ouattara y Soro coinciden sin embargo en un punto: lo que sea hay que hacerlo rápidamente, porque cuanto más el tiempo pasa, más credibilidad pierde Alassane Ouattara y corre el riesgo de perder apoyos y de quedarse bloqueado en el Hotel du Golf ".

Excluida la idea del recuento de votos, y la intervención militar como última opción según el primer ministro de Kenia; Raila Odinga ahora solo queda esperar a que sobre la mesa se presente una nueva opción de diálogo que encauce las negociaciones entre ambas partes y sirva de puerta de salida de la crisis ivoriense.

lunes, 10 de enero de 2011

Médicos sin Fronteras administra en Malí y Niger una nueva vacuna contra la meningitis



Médicos sin Fronteras en cooperación con las autoridades sanitarias de Mali y de Níger, lleva a cabo una campaña de vacunación en ambos países con una nueva y "prometedora vacuna que en un futuro podría evitar brotes de la forma más mortífera de meningitis: la meningitis meningocócica A", ha informado la organización médica.
"En la práctica, esta vacuna podría evitar futuros brotes de Meningitis A, pero para que su impacto se notara de verdad, haría falta que la nueva vacuna se implementase de manera amplia en los 25 países africanos más susceptibles de sufrir estas epidemias", explicó la asesora de MSF para políticas de vacunación, Florence Fermon.

Esta iniciativa forma parte de una campaña de vacunación de mayor alcance que lideran de forma conjunta los ministerios de Sanidad de Níger, Mali y Burkina Faso y la Organización Mundial de la Salud (OMS). En Níger, la ONG apoya al Ministerio de Sanidad en la vacunación de 600.000 personas de entre 1 y 29 años en los distritos de Dosso y Boboye, mientras que en Mali, ya se han vacunado a otras 600.000 personas en los distritos de Koulikoro, Kati y Kangaba.


"Esta nueva vacuna conlleva grandes beneficios, al ofrecer una protección de hasta diez años, ahora podremos vacunar a las personas antes de que la epidemia haga su aparición, lo que en la práctica significa poder evitarla", señaló Fermon. Otra de sus ventajas es que se puede administrar también a niños menores de dos años, "aunque sus principales beneficios tienen un alcance aún mayor, al impedir la transmisión del microbio dentro de una población". La vacuna puede detener la transmisión de la bacteria, lo que significa que las personas vacunadas no transmitirán la bacteria a quienes no lo estén, señaló la asesora.
Sin embargo, MSF apuntó que aún quedan retos por resolver, ya que no se han especificado los mecanismos que financiarán los fondos necesarios para vacunar a las personas de los otros 22 países del denominado "cinturón de la meningitis" y falta, además, desarrollar un plan sobre las fases de implementación de la vacuna.

Fuente: Médicos sin Fronteras

lunes, 3 de enero de 2011

Kenia engrosa la lista de "países de la vergüenza"


Kenia acaba de engrosar la lista internacional de países que tienen mucho que ocultar. Cincos altos cargos kenianos –todos ellos con acceso directo al presidente y al primer ministro- y un periodista han sido acusados por la fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) de haber incitado o cometido crímenes contra la humanidad en la puesta en marcha y ejecución de la espiral de violencia que quebró al país entre diciembre de 2007 y febrero de 2008. La fiscalía sostiene que más de un millar de personas fueron asesinadas y en torno a medio millón se convirtieron en refugiados en su propio país con el pleno consentimiento de la cúpula del poder keniano.

Kenia se convierte así en el quinto país –todos africanos- en verse obligado a saldar sus cuentas ante la justicia internacional desde la creación de la corte en 2002. Las atrocidades en Uganda, República Democrática del Congo, República Centroafricana y Darfur (Sudán) engrosan los archivos del TPI, una corte cuya razón de ser desde su existencia es recordar a los poderosos de todo el mundo que el abuso de poder no puede quedar impune.

Convencido de las pruebas que ha recogido desde que empezara la investigación hace menos de un año, el fiscal jefe de La Haya, Luis Moreno Ocampo, ha apuntado alto, pese a la amenaza de descabezar al Gobierno de uno de los países más estables de África oriental. El argentino ha señalado con el dedo al diputado de Eldoret Norte, William Ruto, máximo representante de la tribu de los kalenjin; al jefe de la Función Pública y Secretario del Gobierno, Francis Muthaura, mano derecha del presidente; al ministro de Finanzas e hijo del primer presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta; al ministro de Industria y presidente del Movimiento Democrático Naranja (ODM, en inglés), Henry Kosgey, mano derecha del primer ministro; al ex jefe de la policía Hussein Ali; y a un presentador de radio, Joshua Arap Sang.

Omisiones

Pero Ocampo ha sido acusado de valer más por lo que calla. Sin duda el fiscal de La Haya ha disparado directamente a la cúpula del Gobierno de Kenia, un mensaje que no ha pasado desapercibido entre los mandamases del país. Pero todo el mundo coincide que estos personajes nunca habrían hecho lo que presuntamente hicieron sin el consentimiento e incluso la orden directa de los dos peces gordos y protagonistas de la violencia postelectoral: el presidente de Kenia, Mwai Kibaki [entonces presidente saliente], y el primer ministro, Raila Odinga [entonces líder de la oposición]. La pregunta entonces es: ¿Por qué ha dejado fuera Ocampo a los que presuntamente serían últimos responsables del asesinato, tortura y violación de los derechos de miles de personas?

Evitar un nuevo 'caso Sudán'

La opinión más extendida es que el todopoderoso fiscal quería evitar un nuevo 'caso Sudán', en alusión a la orden de arresto que pesa sobre el presidente sudanés, Omar Al Bashir, desde hace casi dos años y que demuestra sin embargo la incapacidad de la Corte a la hora de poner entre rejas a los acusados. El Tribunal, creado hace casi una década y cuyo estatuto todavía no han ratificado países como Estados Unidos, Rusia o China, no cuenta con policía propia y depende de la voluntad de las fuerzas de seguridad de los países firmantes para detener a los sospechosos.
Consciente de las críticas de falta de coraje para atajar de raíz el problema, Ocampo aseguró que no tenía pruebas contra los 'dos grandes' y que en última instancia su participación sería un caso de responsabilidad política, y no de responsabilidad penal.

Desidia total

La implicación del Gobierno en la peor crisis de violencia que ha vivido Kenia desde su independencia hace casi medio siglo se ha traducido en la desidia total desde 2008 a la hora de crear un tribunal local que juzgue a los responsables de la violencia. Cada cierto tiempo, el Ejecutivo responde a las críticas asegurando que existe voluntad para crear un tribunal local, pero hasta ahora las palabras se las ha llevado el viento y no ha dejado de poner trabas en el camino hacia su creación. Además, las encuestas muestran que la mayor parte de los kenianos no aprobaría la iniciativa dada su desconfianza absoluta hacia el sistema de Justicia, una de las instituciones más corruptas del país, según organizaciones como Transparencia Internacional. Además, desde el anuncio de los sospechosos el pasado día 15, todavía nadie ha dimitido ni ha sido suspendido del Gobierno, que recuerda la presunción de inocencia de cualquier individuo.

Se abre ahora un largo proceso judicial con ramificaciones imposibles de prever. Se estima que el juicio contra los ya conocidos como los 'seis de La Haya' no empiece hasta finales de 2012 o principios de 2013. El objetivo de Ocampo, tal y como anunció en la rueda de prensa en la que reveló los nombres, es que Kenia abrace pacíficamente las siguientes presidenciales, previstas para la segunda mitad de 2012.
Pero el caso keniano no ayuda a disminuir el odio de los países africanos hacia el TPI, un tribunal cuya autoridad no reconoce la Unión Africana, que hace campaña para suspender en bloque a todas las naciones africanas que han firmado el Estatuto de Roma.

Texto: Joana Socías
Fuente: El Mundo 

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