Kenia acaba de engrosar la lista internacional de países que tienen mucho que ocultar. Cincos altos cargos kenianos –todos ellos con acceso directo al presidente y al primer ministro- y un periodista han sido acusados por la fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) de haber incitado o cometido crímenes contra la humanidad en la puesta en marcha y ejecución de la espiral de violencia que quebró al país entre diciembre de 2007 y febrero de 2008. La fiscalía sostiene que más de un millar de personas fueron asesinadas y en torno a medio millón se convirtieron en refugiados en su propio país con el pleno consentimiento de la cúpula del poder keniano.
Kenia se convierte así en el quinto país –todos africanos- en verse obligado a saldar sus cuentas ante la justicia internacional desde la creación de la corte en 2002. Las atrocidades en Uganda, República Democrática del Congo, República Centroafricana y Darfur (Sudán) engrosan los archivos del TPI, una corte cuya razón de ser desde su existencia es recordar a los poderosos de todo el mundo que el abuso de poder no puede quedar impune.
Convencido de las pruebas que ha recogido desde que empezara la investigación hace menos de un año, el fiscal jefe de La Haya, Luis Moreno Ocampo, ha apuntado alto, pese a la amenaza de descabezar al Gobierno de uno de los países más estables de África oriental. El argentino ha señalado con el dedo al diputado de Eldoret Norte, William Ruto, máximo representante de la tribu de los kalenjin; al jefe de la Función Pública y Secretario del Gobierno, Francis Muthaura, mano derecha del presidente; al ministro de Finanzas e hijo del primer presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta; al ministro de Industria y presidente del Movimiento Democrático Naranja (ODM, en inglés), Henry Kosgey, mano derecha del primer ministro; al ex jefe de la policía Hussein Ali; y a un presentador de radio, Joshua Arap Sang.
Omisiones
Pero Ocampo ha sido acusado de valer más por lo que calla. Sin duda el fiscal de La Haya ha disparado directamente a la cúpula del Gobierno de Kenia, un mensaje que no ha pasado desapercibido entre los mandamases del país. Pero todo el mundo coincide que estos personajes nunca habrían hecho lo que presuntamente hicieron sin el consentimiento e incluso la orden directa de los dos peces gordos y protagonistas de la violencia postelectoral: el presidente de Kenia, Mwai Kibaki [entonces presidente saliente], y el primer ministro, Raila Odinga [entonces líder de la oposición]. La pregunta entonces es: ¿Por qué ha dejado fuera Ocampo a los que presuntamente serían últimos responsables del asesinato, tortura y violación de los derechos de miles de personas?
Evitar un nuevo 'caso Sudán'
La opinión más extendida es que el todopoderoso fiscal quería evitar un nuevo 'caso Sudán', en alusión a la orden de arresto que pesa sobre el presidente sudanés, Omar Al Bashir, desde hace casi dos años y que demuestra sin embargo la incapacidad de la Corte a la hora de poner entre rejas a los acusados. El Tribunal, creado hace casi una década y cuyo estatuto todavía no han ratificado países como Estados Unidos, Rusia o China, no cuenta con policía propia y depende de la voluntad de las fuerzas de seguridad de los países firmantes para detener a los sospechosos.
Consciente de las críticas de falta de coraje para atajar de raíz el problema, Ocampo aseguró que no tenía pruebas contra los 'dos grandes' y que en última instancia su participación sería un caso de responsabilidad política, y no de responsabilidad penal.
Desidia total
La implicación del Gobierno en la peor crisis de violencia que ha vivido Kenia desde su independencia hace casi medio siglo se ha traducido en la desidia total desde 2008 a la hora de crear un tribunal local que juzgue a los responsables de la violencia. Cada cierto tiempo, el Ejecutivo responde a las críticas asegurando que existe voluntad para crear un tribunal local, pero hasta ahora las palabras se las ha llevado el viento y no ha dejado de poner trabas en el camino hacia su creación. Además, las encuestas muestran que la mayor parte de los kenianos no aprobaría la iniciativa dada su desconfianza absoluta hacia el sistema de Justicia, una de las instituciones más corruptas del país, según organizaciones como Transparencia Internacional. Además, desde el anuncio de los sospechosos el pasado día 15, todavía nadie ha dimitido ni ha sido suspendido del Gobierno, que recuerda la presunción de inocencia de cualquier individuo.
Se abre ahora un largo proceso judicial con ramificaciones imposibles de prever. Se estima que el juicio contra los ya conocidos como los 'seis de La Haya' no empiece hasta finales de 2012 o principios de 2013. El objetivo de Ocampo, tal y como anunció en la rueda de prensa en la que reveló los nombres, es que Kenia abrace pacíficamente las siguientes presidenciales, previstas para la segunda mitad de 2012.
Pero el caso keniano no ayuda a disminuir el odio de los países africanos hacia el TPI, un tribunal cuya autoridad no reconoce la Unión Africana, que hace campaña para suspender en bloque a todas las naciones africanas que han firmado el Estatuto de Roma.
Texto: Joana Socías
Fuente: El Mundo
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