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jueves, 3 de noviembre de 2011

La empresa que expulsó a 20.000 campesinos africanos


La New Forests Company (NFC) fue fundada en Londres en 2004 con un ambicioso objetivo: convertirse en la principal empresa forestal del África oriental. Siete años después -y con una superficie de plantación y tala de 27.000 hectáreas que se extienden por Uganda, Tanzania, Mozambique y Ruanda-, no solo ha alcanzado su meta, sino que en el camino se ha convertido en un centro de poder e influencia en el cada vez más rentable negocio de la compra de tierras en los países pobres. Nombrada “Inversionista del Año” por las autoridades ugandesas en 2008, la NFC ha llamada la atención de importantes financiadores e instituciones internacionales de desarrollo, desde el Banco Europeo de Inversiones hasta el HSBC o un gran fondo de inversión respaldado por el Banco Mundial.
No es para menos. Como destaca la NFC en su página web, su negocio es “garantizar tanto retornos atractivos para los inversores como beneficios sociales y medioambientales significativos”. De hecho, la responsabilidad social y medioambiental constituye una marca de identidad para esta compañía, que parece tener las cosas claras: “prevenir es mejor que curar”. 
Los hechos, sin embargo, muestran el peculiar concepto de ‘responsabilidad social’ de la National Forest Company. De acuerdo con la minuciosa investigación realizada por Oxfam, las inversiones de la NFC en Uganda han provocado la expulsión de entre 20.000 y 25.000 personas de los distritos de Kiboga y Mubende. Miles de familias fueron expulsados de sus tierras entre 2005 y 2010 por la Autoridad Nacional Forestal, que les acusó de haber ocupado ilegalmente este territorio. Aunque en un país cuajado de limbos legales pocas de ellas pudieron demostrar sus títulos de propiedad, existen pruebas de que buena parte de los habitantes han residido en estas áreas desde hace al menos veinte, treinta e incluso cuarenta años.
Apoyándose en el ejército y la policía, la NFC podría haber sido responsable del desalojo violento, el maltrato y la destrucción de las propiedades, cultivos y animales de estas personas. Peor aún, de la pobreza a la que han sido condenadas. Su reacción, sin embargo, ha sido negar cualquier responsabilidad. Durante las últimas semanas se ha producido un amargo intercambio de acusaciones entre Oxfam y la NFC, que afirma que los habitantes de estas regiones abandonaron sus tierras de manera “voluntaria y pacífica”. La compañía niega su implicación en los episodios de violencia y se remite a una evaluación independiente que investigará las alegaciones. Pero todavía no está claro si se permitirá una investigación en profundidad por parte de observadores no controlados por la empresa. Lo único que sabemos hasta ahora es que varias de las personas que denunciaron las acciones de la NFC han sufrido amenazas. Tras un llamamiento de Oxfam a la sociedad británica, la compañía ha realizado el compromiso público de detener los interrogatorios.


Los episodios de Kiboga y Mubende no solo han volatilizado la imagen de fantasía de uno de los principales inversores europeos en la agricultura africana, sino que también han puesto de manifiesto la inutilidad de los códigos voluntarios de conducta promovidos por el Banco Mundial y otros organismos internacionales para regular un fenómeno conocido como ‘acaparamiento de tierras’. Como señala un contundente informe de Oxfam publicado hace algunas semanas, el único modo de garantizar que las inversiones en la tierra de los países pobres no violan derechos  fundamentales de sus poblaciones es someter a todas las partes a reglas firmes, transparentes y equilibradas, incluyendo leyes nacionales de consentimiento libre e informado. Hasta que eso ocurra, los 227 millones de hectáreas vendidos o arrendados desde 2001 en decenas de países pobres ofrecen las garantías jurídicas del Salvaje Oeste.
El vídeo que les presentamos a continuación ha sido cedido en exclusiva este blog por el diario The Guardian y sus autores, Simon Rawles y Noah Payne-Frank, que viajaron a Uganda para documentar este caso. Sus autores han dudado hasta el último momento sobre su publicación en España, ya que varias de las personas que aparecen en él han sufrido coacciones y amenazas. Sin embargo, sus rostros ya eran públicos, así que el modo mejor modo de contribuir ahora a su protección es multiplicar el alcance de estas imágenes.
Texto: Gonzalo Fanjul
Fuente: El País 

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