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lunes, 23 de febrero de 2015

Las selvas de Zimbabwe están por convertirse en desierto

Se escucha un zumbido en el bosque frondoso de Zimbabwe, donde viven numerosas especies de animales, pero no proviene de abejas ni otro tipo de insectos. Lo produce una sierra que tala antiguos árboles para abrir espacios para el cultivo de tabaco, obtener madera para la exportación y suministrar carbón vegetal al mercado local. Eso ocurre a pesar de que Zimbabwe debe alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas, el séptimo de ellos el de garantizar la sostenibilidad ambiental. 

"El grado de deforestación convertirá a Zimbabwe en un desierto en solo 35 años si no se ofrecen soluciones pragmáticas con urgencia, y también si la gente sigue arrasando los árboles para conseguir leña sin regulación", se lamentó Marylin Smith, conservacionista de Masvingo, la ciudad más antigua del país, y exintegrante del gobierno del presidente Robert Mugabe.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Zimbabwe perdió un promedio anual de 327 000 hectáreas de selva entre 1990 y 2010. Según la Junta de Mercadeo de la Industria del Tabaco, Zimbabwe tiene 88 167 cultivadores de tabaco, los catalizadores de la desertificación, según ambientalistas.

"El secado del tabaco con grandes cantidades de leña e incluso el mayor uso en el ámbito doméstico, tanto en áreas urbanas como rurales, dejará a Zimbabwe sin selvas", indicó a IPS el ecologista Thabilise Mlotshwa, de la Asociación Salven el Ambiente. "Pero es muy difícil objetar el uso de leña cuando es la única fuente de energía para la mayoría de la población rural, pese a que el ambiente es el que más sufre", añadió.

La crisis de deforestación en Zimbabwe está vinculada a varios factores. "Hay miles de comerciantes de madera que no tienen piedad con nuestros árboles, pues ven efectivo en casi cada árbol y no salvan ni uno con tal de conseguir dinero", se lamentó a IPS el funcionario de extensión agrícola Raymond Siziba, que vive de Mvurwi, un distrito a unos 100 kilómetros al norte de Harare. Según la Agencia Nacional de Estadísticas de Zimbabwe (ZimStat), hubo unos 66 250 comerciantes de madera solo el año pasado en todo el país.

Un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) informó que durante la década de 1980 y 1990, las selvas se redujeron en 15,4 millones de hectáreas al año (una deforestación de 0,8 por ciento al año). El área deforestada en esa década equivale casi a tres veces la superficie de Francia. Los países en desarrollo tienen una gran dependencia en la leña como combustible, la principal fuente de energía para cocinar y calentar las viviendas. En África, las estadísticas sorprenden. Se estima que 90 por ciento de la población del continente usa leña para cocinar, y en la región subsahariana, ofrece aproximadamente 52 por ciento de todas las fuentes de energía.


Zimbabwe no es el único país de África subsahariana en crisis. Un panel organizado por la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Africana y encabezado por el expresidente sudafricano Thabo Mbeki, concluyó que Mozambique exportó a China muchos más troncos que los registrados. La desaparición de la cobertura forestal es un problema particular en Ghana, donde los productos forestales no madereros ofrecen sustento e ingresos a unas 2,5 millones de personas en o cerca de las comunidades selváticas. Entre 1990 y 2005, Ghana perdió un cuarto de su cobertura forestal. Al ritmo actual, las selvas de este país podrían desaparecer en menos de 25 años. Los actuales intentos de atender la deforestación se estancaron por la falta de colaboración entre los distintos actores y las autoridades. En la región de África occidental, un estudio de Greenpeace señala a la tala como la mayor amenaza a la selva de la cuenca del río Congo. 

Actualmente, las compañías madereras que trabajan principalmente en República Democrática del Congo cortan árboles en más de 50 millones de hectáreas de selva, equivalente a la superficie de Francia, según su sitio de Internet. Se estima que entre 20 y 25 por ciento de la deforestación anual obedece a la tala comercial. Otro 15 a 20 por ciento se atribuye a otras actividades como ganadería, cultivos comerciales y la construcción de represas, caminos y minas. Pero la deforestación obedece principalmente a las actividades de la población. Con la caída de la economía de Zimbabwe, los comerciantes indígenas de madera aumentan tratando de ganarse la vida. Los ambientalistas los acusan de incentivar la deforestación. La falta de electricidad es un problema en zonas rurales. "Como la mayoría de las zonas remotas de Zimbabwe, no tenemos electricidad y desde hace años dependemos de la leña, que es nuestra principal fuente de energía, y ya puede imaginarse el grado de deforestación que sufren esas áreas", remarcó a IPS la maestra Irene Chikono, de 61 años, quien vive en Mutoko, 143 kilómetros al este de Harare.

Hasta las personas que tienen electricidad no se salvan de apagones, pues la Autoridad de Suministro de Electricidad de Zimbabwe no logra cubrir la demanda por falta fondos para importar energía. El gobierno sostiene que hace todo lo que puede para combatir la deforestación, pero con la honda crisis económica actual, los comerciantes indígenas de madera y pobladores dicen que les será difícil dejar de cortar árboles. "La vuelta gradual de la gente de las ciudades a la vida rural a medida que la economía empeora agrega presión a las selvas, pues cada vez más personas cortan árboles para tener leña", contó a IPS el jefe de la aldea de Vesara, Elson Moyo, en el sudoeste zimbabwense. "Dirigentes políticos saquean y despojan las reservas forestales de madera dura pues son propietarios de la mayoría de los aserraderos", se lamentó a IPS el activista Owen Dliwayo, de la ciudad fronteriza de Chipinge, en el este del país.

Fuente:  ElComercio.com

martes, 17 de febrero de 2015

La violación masiva en Darfur que Sudán no quiere investigar

Sudán continúa ahogando sus crímenes contra la humanidad en el silencio. En un informe de 48 páginas, la organización Human Rights Watch vuelve a echar leña al fuego sobre la violación masiva cometida el pasado 30 de octubre (y que se prolongó durante 36 horas) contra al menos 221 mujeres y niñas en la aldea de Tabit, en Darfur Norte por soldados del Ejército sudanés.

Los hechos, denunciados ya a principios de noviembre, tan solo provocaron, como ahora, la callada por respuesta por parte del Gobierno de Jartum: Pese a que el día 2 de ese mes, fuentes locales se hacían eco de la masiva agresión sexual, no sería hasta el pasado 9 de noviembre cuando un grupo de 18 trabajadores de Naciones Unidas accedería finalmente a la localidad, pero acompañados por un destacamento de las fuerzas armadas sudanesas. Entonces, la organización aseguró que no había encontrado ninguna prueba que justificara las denuncias de violación.


Ante la sorpresa general, el embajador australiano ante la ONU, Gary Quinlan, presidente del Consejo de Seguridad entonces, reconocía después que la fuerte presencia de militares de Sudán planteaba serias dudas sobre la investigación. De igual modo, un informe interno de la ONU, reconocía que «el comportamiento y las respuestas de los entrevistados indicaron un ambiente de miedo e intimidación».

En este sentido, ante las numerosas negativas por parte del Gobierno de Jartum para permitir nuevas investigaciones sobre el terreno, la embajadora estadounidense ante la ONU, Samantha Power, se expresaba así en las redes sociales a finales de noviembre: «Sudán ha negado en dos ocasiones el acceso a Naciones Unidas para investigar la violación en masa en Darfur, a pesar de los llamamientos del Consejo de Seguridad de la ONU y (el secretario general) Ban Ki-moon. ¿Qué esconde?».

De forma paralela, el Gobierno de Sudán exigía la salida del país de la operación híbrida de la Unión Africana y Naciones Unidas en Darfur (Unamid), quien iniciara sus operaciones en 2007 como forma de pacificar esta conflictiva región.

«Después de 10 años de guerra civil, Darfur es estable. Para justificar la presencia de la Unamid, fabricaron la historia de violaciones en masa en Tabit. Esperamos alegaciones similares en el futuro», aseguraba Abdallah Azraq, vicesecretario sudanés de Asuntos Exteriores.

Ahora, de nuevo, y en vista de las últimas pruebas, Jan Eliasson, vicesecretario general de la ONU, ha exigido a Sudán que permita una investigación independiente.

Conflicto que no cesa
Unamid inició sus operaciones en 2007. Sin embargo, a mediados de 2009, el descenso de los enfrentamientos en la región motivó que el comandante saliente de la operación híbrida, Martin Luther Agwai, anunciara que Darfur ya no se encontraba en estado de guerra y que el conflicto había finalizado.

Pese a ello, solo unos meses después, Ahmed Hussein Adam, portavoz del grupo rebelde Movimiento Justicia e Igualdad, denunciaba a ABC que  cualquier tipo de colaboración con el Gobierno local, presente o futura, era «inviable», por lo que esta milicia armado solo cesaría en su lucha «con la muerte del dictador Bashir».

Y, cumplida ya más de una década del inicio de la llamada «guerra de Darfur», en la que grupos, en su mayoría no árabes, se alzaron en armas contra Jartum (el 26 de febrero de 2003, el Frente de Liberación de Sudán atacaba la ciudad de Golo, para la gran mayoría de analistas, el punto inicial del conflicto), el conflicto continúa agitándose.

Diez años que tan solo han servido para cobrarse decenas de miles de vidas (se estima que los fallecidos por el conflicto son cercanos a los 300.000, así como hay más de dos millones de desplazados internos) y para que el presidente sudanés, Omar al Bashir, disponga de  una orden de busca y captura por el Tribunal Penal de la Haya por los crímenes de guerra y lesa humanidad  cometidos en la región.

FUENTE: ABC.ES


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