Más de 20.000 ciudadanos de Burundi han llegado a la vecina Ruanda en las últimas dos semanas huyendo de la violencia desencadenada por las aspiraciones del presidente del país, Pierre Nkurunziza, a prolongar su mandato, informó hoy el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). El número de muertos en los enfrentamientos registrados desde ayer entre manifestantes y la policía asciende a cinco, según fuentes de la oposición recogidas por medios locales.
Además, 157 personas han sido detenidas, indicó hoy el director general de la Policía, André Ndayambaje, quien no dio cifras de muertos ni heridos en las protestas que Burundi vive después de que Nkurunziza anunciara el sábado que volvería a presentarse a las elecciones, algo que la oposición considera ilegal. Hasta ayer y en las últimas dos semanas, un total de 20.408 burundeses han cruzado la frontera con Ruanda, según datos del ACNUR.
La ONU, junto al Gobierno de Ruanda y otros socios locales, trabaja para trasladar a 16.000 refugiados desde los que hasta ahora han sido los dos principales centros de recepción, en Bugesera y Nyanza, en el sur del país, al nuevo campamento de Mahama, en el este. El "brusco aumento" en la llegada de refugiados ha obligado a redistribuirlos desde los asentamientos en el sur de Ruanda, que se encuentran desbordados, indicó el ACNUR en un comunicado.
Desde el pasado sábado, cada día han llegado 3.000 refugiados desde el país vecino, mientras que en la semana anterior Ruanda había recibido 500 burundeses al día. Otros 4.000 burundeses han buscado asilo en la República Democrática del Congo (RDC) mientras Tanzania acoge a apenas un centenar.
En la capital de Burundi, Buyumbura, las protestas se retomaron hoy con choques entre detractores de Nkurunziza y la policía, que usó gas lacrimógeno y también dispersó a miembros de las juventudes del partido del Gobierno, conocidas como "Imbonerakure". Sobre las 15.00 horas locales (14.00 horas GMT) funcionarios judiciales se personaron en la sede de la Radio Pública Africana (RPA), una emisora independiente, para clausurarla por orden de la Fiscalía de Buyumbura, según el portal digital local "Iwacu".
Aunque todavía no existe una emergencia humanitaria en Burundi, ACNUR estima que necesitará más de once millones de dólares para atender a las 50.000 personas que podrían verse afectadas en las primeras ocho semanas de violencia. "En el peor escenario posible, 350.000 personas podrían necesitar ayuda humanitaria en los próximos seis meses", alertó ACNUR.
El flujo de refugiados comenzó semanas antes de que el gobernante Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD) anunciara que el hutu Nkurunziza se presentaría de nuevo a las elecciones presidenciales, cuya primera ronda se celebrará en junio. El anuncio, hecho público el sábado, provocó una ola de protestas entre los partidarios de la oposición, que considera que la Constitución burundesa prohíbe las aspiraciones del presidente.
La candidatura de Nkurunziza ha suscitado el temor entre grandes sectores de la población burundesa, que apenas hace una década salió de una guerra civil (1993-2005) que hundió al país y todavía afecta a la sociedad. Tras su independencia de Bélgica en 1962, Burundi ha vivido dos sucesos calificados como genocidios: la masacre de hutus por el Ejército dominado por tutsis en 1972, y el asesinato masivo de tutsis por hutus en 1993. Ahora, son miembros de la oposición y familias tutsis los que han comenzado a dejar el país, ante las informaciones que apuntan a la distribución de armas a las Imbonerakure.
Fuente: LaVanguardia
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