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lunes, 26 de octubre de 2009

Senegal quiere crear una "gran muralla verde" en África




Senegal ha pedido a la comunidad internacional apoyo para el proyecto de la "Gran Muralla Verde" en África. La iniciativa consiste en la plantación de árboles a lo largo de todo el continente, del este el oeste, como un esfuerzo para reducir el impacto de la desertificación. La iniciativa consiste en la plantación de árboles en un área que atraviesa todo el continente, del este el oeste, en un esfuerzo para reducir el impacto de la desertificación.

En su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, el presidente senegalés, Abdoulaye Wade, afirmó que la ONU debería aprobar el proyecto que va a contribuir a proteger el medio ambiente y ayudar en la lucha contra el cambio climático.

La Gran Muralla Verde se extendería desde Dakar, la capital de Senegal, a Djiboui, en el Cuerno de África, con una longitud total de unos 7.000 kilómetros y una anchura de 15 kilómetros.

Senegal tiene la responsabilidad de coordinar el proyecto y el presidente Wade dijo en la Asamblea General que su país ya plantó cerca de 525 kilómetros de árboles, además de revelar que Malí y Chad ya han confirmado su participación en breve en la campaña.

El jefe de Estado senegalés indicó que expertos internacionales podrían ayudar a los países africanos a elegir especies adaptables a las condiciones áridas de la zona del Sahel.





Mapa de la Franja del Sahel

Wade subrayó en su discurso que África debe desempeñar su papel dentro de los esfuerzos globales de protección del medio ambiente, afirmando que la muralla verde forma parte de esos esfuerzos y concluyendo que el proyecto podrá ayudar en la movilización de muchos jóvenes africanos al servicio de una causa que refuerza la paz y el medio ambiente.

Fuente: Afrol News 

Si quieres saber más:
Público.es: "África levanta una barrera contra el Sáhara"
Nuestro Clima: "La Gran Muralla Verde"

martes, 23 de junio de 2009

Somalia declara el estado de emergencia



El presidente de Somalia, Sharif Sheikh Ahmed ha declarado en rueda de prensa el estado de emergencia en el país ante la intensificación de los ataques de los insurgentes islamistas. Esta medida entrará en vigor cuando el Parlamento la apruebe formalmente.

El pasado sábado, el gobierno somalí pidió a los países vecinos que enviasen a sus ejércitos para ayudar a detener la ofensiva que los islamistas iniciaron el pasado 8 de mayo, con el radical islamista Al Shabab a la cabeza, entre otros.

En su petición, el presidente del Parlamento, Sheik Aden Mohamed Nor, señaló la urgencia del apoyo de Etiopía, Kenia, Yemen y Djibuti, afirmando que deberían enviar tropas “cuantos antes”, ya que el gobierno está “a punto” de ser derrotado. Añadió que los países vecinos corren el riesgo de ser atacados si los islamistas se hacen con el poder en Somalia.

En los últimos días los ataques se han recrudecido, y han llegado a costar la vida de varios altos cargos somalíes, entre ellos el ministro de Seguridad Interior, Omar Hashi Aden,y el antiguo embajador de Somalia en Etiopía, Abdi Karin Lakanyo. Ambas personalidades fallecieron en un atentado suicida en la ciudad central de Baladweyne, junto con al menos otras 37 personas, entre ellas, militares y varios familiares del ministro Aden. El miércoles pasado murió, también en un combate contra rebeldes radicales islámicos, el comisario de Policía de Mogadiscio, Ali Said Sheikh Hassan.

El proposito de los islamistas es derrocar al gobierno somalí, líder de la Alianza para la Nueva Liberación de Somalia. Las ofensivas se iniciaron el pasado mes de mayo, y desde entonces han muerto cerca de 450 personas por la violencia en el país, y cerca de 117.000 han huido de sus hogares en Mogadiscio debido a los combates en la ciudad.

Los cientos de civiles heridos en los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los insurgentes islamistas se enfrentan a la hambruna en los hospitales de Mogadiscio, según han declarado fuentes médicas a la Organización de las Naciones Unidas.

Los hospitales en la capital somalí están abarrotados por el número de heridos que buscan tratamiento desde que se intensificó el enfrentamiento. “Tenemos más gente que nunca en el hospital" señaló el subdirector del hospital Medina, Dahir Mohamed.

Mohamed añadió “hemos levantado cobertizos y tiendas fuera para la carga extra, y estamos tratando a los heridos debajo de los árboles”, indicó. Sin embargo, anotó, el hospital se enfrenta a un nuevo problema, ya que “los pacientes están hambrientos porque no tenemos la forma de alimentarlos”.

viernes, 12 de diciembre de 2008

Protestas por el encarecimiento de los alimentos

Violencias impulsadas por la carestía de la vida provocaron en Camerún decenas de muertos y cientos de detenidos. Desde principios de año hubo también disturbios en protesta por los precios de los alimentos en Mozambique, Mauritania y Senegal entre otros países. Más recientemente conmovieron a tres ciudades de Burkina Faso, y en ciertos países (como Guinea, donde en el último año y medio hubo cinco violentas protestas por la carestía de la vida) la intranquilidad popular parece volverse crónica.

El monto de las alzas varía de país a país, pero por casi todas partes va teniendo efectos dramáticos para los sectores pobres. En Djibouti los precios de los alimentos se han estado manteniendo un 20% por encima de sus promedios históricos; Sudáfrica ha visto duplicarse el costo del trigo y aumentar sensiblemente el del maíz; en Kenia, donde en 2007 las familias ya gastaban más de la mitad de sus ingresos en alimentación, a principios de 2008 el dinero necesario para pagar por esos productos –liderados por los cereales, la leche, los huevos y la carne– subió un 50%, y ello sin dudas desacelerará el crecimiento, impulsado en los últimos años por el consumo.

También puede verse comprometido el crecimiento de Botswana por una inflación que –alentada por la subida de precios de alimentos y combustibles– se acerca al 9%: en Burkina Faso los disturbios fueron motivados por encarecimientos de los alimentos y otros productos básicos en un rango del 10-65%.
Un informe de la FAO de febrero pasado observa que 21 de los 36 países que experimentan crisis de seguridad alimentaria son africanos: la agricultura fue afectada por la sequía en Lesotho y Swazilandia, pero también ha habido inseguridad en Sierra Leona, Ghana, Kenia y Chad. En países como Djibouti los crónicos problemas climáticos son los principales causantes de retirados fracasos de las cosechas, que hacen muy vulnerable al país a las alzas de los precios mundiales de los alimentos. En una amplia zona del África occidental las cosechas sufrieron irregularidades climáticas, y hubo rumores de que en Nigeria septentrional, Ghana y otros sitios, los especuladores acaparaban comida, aunque lo cierto es que la caída de la producción en el norte nigeriano por falta de lluvia impulsó el alza de precios en toda la región debido a la enorme escala de la economía nigeriana. La crisis provocó acusaciones enfiladas contra los ministerios de Agricultura de varios estados del norte de Nigeria por desoír advertencias de tomar oportunas medidas contra la sequía.


Como en la mayoría de los países, las autoridades de Burkina Faso atribuyen la aguda espiral del costo de los alimentos a la revalorización de los combustibles. Empresarios de la industria láctea de Namibia también culpan a estos (y a los precios del forraje) por el encarecimiento de la leche, pero observan que las causas se extienden más allá, a toda la estructura económica y financiera mundial, al vincularlo también a la creciente demanda de trigo y al alza de las tasas de interés en casi todas partes.


La escasez de alimentos en Kenia, y su concomitante encarecimiento, puede atribuirse en parte a los disturbios en el país tras los recientes comicios, que asolaron la región productora de dos tercios del maíz y las tres cuartas partes del trigo nacionales, donde los manifestantes incluso quemaron importantes reservas de granos y obligaron a desplazarse a unas 50 000 familias campesinas. Aunque las reservas nacionales de cereales deben alcanzar para unos siete meses, se advierte que podría haber una hambruna este año por el creciente costo de insumos del cultivo (el precio de los fertilizantes se duplicó), el desplome de los circuitos comercializadores y la irregularidad de las lluvias. De seguir caros los fertilizantes, los campesinos volverían a recurrir al estiércol de res, reduciendo así los rendimientos y, en cualquier caso, se vaticinan nuevos encarecimientos de los alimentos este año.


La intervinculación del problema de los precios de país a país es muy evidente en ciertas regiones africanas: buena parte de la carestía en Botswana es importada de Sudáfrica, donde los alimentos cuestan cada vez más desde octubre pasado. Igual pasa en África oriental, donde a pesar de la tensa situación alimentaria, los comerciantes de Kenya acaban de exportar 12 000 t métricas de maíz a la vecina Tanzania para cubrir un déficit causado allí por la falta de lluvias. También los alimentos en la enclaustrada Uganda se encarecieron por el conflicto que recién conmovió a Kenya, donde varios cargamentos destinados al vecino país fueron destruidos por los manifestantes, si bien las autoridades de Kampala esperan que la firma del acuerdo para cesar la violencia post-electoral permita mover las mercancías detenidas en el puerto keniano de Mombasa y que ello contribuya a bajar los precios.


El gobierno de Sudáfrica está investigando si, aparte de otras causales, el alto costo del trigo pudo deberse también a fijaciones erróneas de precios de la producción nacional. En ese país los opositores a la reforma agraria aprovechan la situación para llamar a paralizar cualquier medida que ponga en riesgo el aumento de la producción, aunque es cierto que –por ejemplo– muchos nuevos granjeros comerciales negros, beneficiados por dicha reforma, no han podido poner a producir sus tierras por la interposición de una variedad de reclamaciones sobre ellas presentadas a la justicia. Mientras tanto, en Zimbabwe la reforma agraria sigue demorando en producir el esperado despegue de la producción alimentaria, de modo que, de nuevo este año, el país necesitará importar muchos cereales.


Otros países que aun se encuentran en fases diversas de reconstrucción tras conflictos armados nacionales seguirán requiriendo ayuda alimentaria del exterior: es el caso de Guinea–Bissau, donde se requerirán más de 20 000 t de alimentos del Programa Mundial de Alimentos. Pero como en otras partes, no se trata solo de secuela de guerra: los campesinos guineenses, habituados a cultivar no solo arroz, sino también maní con el cual comprar arroz importado, descubren que los precios mundiales del maní se desplomaron y los del arroz suben vertiginosamente.
Y no solo aumenta el costo de los alimentos producidos en tierra: en Sierra Leona y otros países el pescado se encarece, debido a los impuestos a pagar por los pescadores, la creciente escasez de los peces y –de nuevo– los altos precios de los combustibles.

No es fácil contrarrestar la tendencia. Los disturbios en Burkina Faso ocurrieron apenas dos semanas después de que el gobierno anunciara “fuertes medidas” para controlar los precios: lanzar al mercado las reservas de emergencia, bloquear las exportaciones de cereales y reducir en el 30–35% los impuestos a ciertos productos básicos. En Ruanda y otros países se urge desesperadamente a los campesinos a emplear fertilizantes en aras del rendimiento, aunque habría que garantizar la accesibilidad al producto. Benin y Senegal impusieron controles de precios y eliminaron aranceles, Zimbabwe impuso controles y precios subsidiados a los cereales importados y Zambia reintrodujo la prohibición de nuevos contratos de exportación de cereales. Etiopía también prohibió las exportaciones de sus principales cereales (incluso suspendió las ventas locales al Programa Mundial de Alimentos) e impuso una sobretasa del 10% a las importaciones suntuarias para subsidiar el trigo para los pobres. Muchos elogian la estrategia de prevención y enfrentamiento de desastres de Etiopía para hacer frente a sus crónicas crisis de alimentos, pero se observa que por más voluntad política que exhiban países pobres, de frágil institucionalidad y pocos recursos, seguirán requiriendo por bastante tiempo ayuda externa para ejecutar sus programas.

En Sudáfrica muchas voces que antes pedían el alejamiento total del Estado de los asuntos del mercado ahora critican al gobierno por su falta de protección a los granjeros mediante subsidios o aranceles. Pero allí, como en muchos otros países africanos, el impacto social de las alzas de precios, la polémica en torno a los biocombustibles, los efectos del crecimiento de la demanda de economías emergentes como las de China y la India, así como los sombríos pronósticos del cambio climático parecen estar empujando al centro del escenario político las discusiones en torno a la agricultura y a la seguridad alimentaria, que pocos años atrás, según los funcionarios de muchas agencias internacionales, iban a ser garantizadas por el mercado. Por ello no son totalmente justas las generalizaciones de esos mismos funcionarios cuando arguyen que es “la falta de voluntad política para invertir en la agricultura” la que imposibilita cumplir los objetivos de reducir a la mitad la pobreza y el hambre en África para el 2015.

Otro problema es el de los biocombustibles, al que ya hay amplio consenso para identificar como una de las principales y probablemente más duraderas causas del encarecimiento mundial de los alimentos: Desmond van Jaarsveld, director-gerente de Lecherías de Namibia observó su impacto en la oferta y demanda de varios alimentos; Kanayo Nwanze, vice-presidente del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, los mencionó junto al cambio climático, la crisis económica global y los precios de los combustibles –agregando que, por tanto, la solución requiere “un esfuerzo concertado de las agencias de la ONU”.
Incluso un reciente informe del Banco Mundial advierte que el alza de precios –que, dice, deberá continuar “a mediano plazo”– es producto de “los altos precios de la energía y los fertilizantes, la demanda de cosechas de alimentos para producción de biocombustible y las bajas reservas de alimentos.” Un artículo de la prensa de Gambia advierte que la explotación de biocombustibles acelerará el cambio climático que ya está erosionando las costas del país y afectando su industria turística. Y aunque un equipo de expertos de la FAO acaba de anunciar la puesta a prueba de una herramienta analítica que ayudaría a los países a determinar si es o no riesgoso para ellos producir biocombustibles (valorando su potencial técnico de biomasa, costos de producción de esta, potencial económico de bioenergía, consecuencias macroeconómicas, impacto nacional y a nivel de hogares y consecuencias para la seguridad nacional) son muchas y muy serias las interrogantes que siguen pendiendo, cual espada de Damocles, sobre las cabezas de legiones de pueblos del mundo subdesarrollado con respecto a las implicaciones de los biocombustibles.
Texto: David González

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