Sudán continúa ahogando sus crímenes contra la humanidad en el silencio. En un informe de 48 páginas, la organización Human Rights Watch vuelve a echar leña al fuego sobre la violación masiva cometida el pasado 30 de octubre (y que se prolongó durante 36 horas) contra al menos 221 mujeres y niñas en la aldea de Tabit, en Darfur Norte por soldados del Ejército sudanés.
Los hechos, denunciados ya a principios de noviembre, tan solo provocaron, como ahora, la callada por respuesta por parte del Gobierno de Jartum: Pese a que el día 2 de ese mes, fuentes locales se hacían eco de la masiva agresión sexual, no sería hasta el pasado 9 de noviembre cuando un grupo de 18 trabajadores de Naciones Unidas accedería finalmente a la localidad, pero acompañados por un destacamento de las fuerzas armadas sudanesas. Entonces, la organización aseguró que no había encontrado ninguna prueba que justificara las denuncias de violación.
Ante la sorpresa general, el embajador australiano ante la ONU, Gary Quinlan, presidente del Consejo de Seguridad entonces, reconocía después que la fuerte presencia de militares de Sudán planteaba serias dudas sobre la investigación. De igual modo, un informe interno de la ONU, reconocía que «el comportamiento y las respuestas de los entrevistados indicaron un ambiente de miedo e intimidación».
En este sentido, ante las numerosas negativas por parte del Gobierno de Jartum para permitir nuevas investigaciones sobre el terreno, la embajadora estadounidense ante la ONU, Samantha Power, se expresaba así en las redes sociales a finales de noviembre: «Sudán ha negado en dos ocasiones el acceso a Naciones Unidas para investigar la violación en masa en Darfur, a pesar de los llamamientos del Consejo de Seguridad de la ONU y (el secretario general) Ban Ki-moon. ¿Qué esconde?».
De forma paralela, el Gobierno de Sudán exigía la salida del país de la operación híbrida de la Unión Africana y Naciones Unidas en Darfur (Unamid), quien iniciara sus operaciones en 2007 como forma de pacificar esta conflictiva región.
«Después de 10 años de guerra civil, Darfur es estable. Para justificar la presencia de la Unamid, fabricaron la historia de violaciones en masa en Tabit. Esperamos alegaciones similares en el futuro», aseguraba Abdallah Azraq, vicesecretario sudanés de Asuntos Exteriores.
Ahora, de nuevo, y en vista de las últimas pruebas, Jan Eliasson, vicesecretario general de la ONU, ha exigido a Sudán que permita una investigación independiente.
Conflicto que no cesa
Unamid inició sus operaciones en 2007. Sin embargo, a mediados de 2009, el descenso de los enfrentamientos en la región motivó que el comandante saliente de la operación híbrida, Martin Luther Agwai, anunciara que Darfur ya no se encontraba en estado de guerra y que el conflicto había finalizado.
Pese a ello, solo unos meses después, Ahmed Hussein Adam, portavoz del grupo rebelde Movimiento Justicia e Igualdad, denunciaba a ABC que cualquier tipo de colaboración con el Gobierno local, presente o futura, era «inviable», por lo que esta milicia armado solo cesaría en su lucha «con la muerte del dictador Bashir».
Y, cumplida ya más de una década del inicio de la llamada «guerra de Darfur», en la que grupos, en su mayoría no árabes, se alzaron en armas contra Jartum (el 26 de febrero de 2003, el Frente de Liberación de Sudán atacaba la ciudad de Golo, para la gran mayoría de analistas, el punto inicial del conflicto), el conflicto continúa agitándose.
Diez años que tan solo han servido para cobrarse decenas de miles de vidas (se estima que los fallecidos por el conflicto son cercanos a los 300.000, así como hay más de dos millones de desplazados internos) y para que el presidente sudanés, Omar al Bashir, disponga de una orden de busca y captura por el Tribunal Penal de la Haya por los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en la región.
FUENTE: ABC.ES
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