El informe de la Unión Africana sobre el conflicto de Sudán del Sur que con tanto retraso se ha publicado contiene conclusiones alarmantes, aunque no sorprendentes, sobre la situación actual del país. Ha documentado homicidios, torturas, mutilaciones y violaciones de civiles, así como canibalismo forzado, que ponen de relieve la apremiante necesidad de emprender investigaciones imparciales sobre crímenes de guerra si se pretende poner fin a este tipo de atrocidades y hacer rendir cuentas a los sospechosos de tener responsabilidad penal por crímenes de derecho internacional.
En los 15 meses transcurridos desde que los investigadores de la Comisión terminaron sus pesquisas se ha recrudecido el conflicto y se tiene constancia de abusos y violaciones graves de derechos humanos cometidos por ambos bandos de este conflicto armado no internacional que se ha saldado hasta ahora con decenas de miles de víctimas mortales y que ha obligado a huir de sus hogares a dos millones de personas.
La publicación del informe es un paso importante, aunque tardío, hacia la rendición de cuentas en Sudán del Sur, pero los efectos que habrá de surtir dependerán de la rapidez con que se establezca un marco sistemático para investigar estos crímenes. Al irse degradando las pruebas y desdibujándose los hechos en la memoria, cada día que pasa aleja a las víctimas sursudanesas de la justicia.
El acuerdo de paz firmado en agosto por el presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, y el líder de la oposición, Riek Machar, es el camino que más oportunidades presenta para alcanzar una paz duradera en el país, a pesar de que se ha violado sistemáticamente el alto el fuego pactado. Dicho acuerdo prevé el reparto de poderes, la desmilitarización y la reforma del sector de la seguridad, así como importantes mecanismos de justicia transicional. Entre ellos cabe mencionar una autoridad encargada de otorgar reparaciones, una comisión de la verdad y la reconciliación y un tribunal penal especial híbrido, que será creado por la Comisión de la Unión Africana.
Sorprendentemente, el mecanismo penal de rendición de cuentas fue aceptado de buen grado por ambas partes en el conflicto. De hecho, cuando el presidente Salva Kiir firmó el acuerdo, formuló 16 reservas de peso, pero la creación de un tribunal penal que quizás algún día juzgue a dirigentes políticos y militares de alto rango no era una de ellas.
La región que se ha convertido en Sudán del Sur se ha caracterizado por una absoluta ausencia de rendición de cuentas en las oleadas de violencia ocurridas en el pasado, lo cual es en parte el germen del conflicto reciente. Al no abordarse los hondos agravios ni impartirse justicia real, lo único que se consiguió en muchos casos fue alimentar la siguiente oleada de violencia colectiva. Salvo en contadas excepciones, la mayoría de los líderes comunitarios con los que hablé durante un viaje reciente a Sudán del Sur creen que toda esperanza de paz duradera en Sudán del Sur debe pasar por una verdadera rendición de cuentas ante las atrocidades cometidas. Consideran también que la inmensa mayoría de la población sursudanesa, que antes tal vez no compartía esta convicción, ve ahora la necesidad de que se rindan cuentas.
El acuerdo de paz estipula que, “desde su concepción”, el gobierno de transición debe elaborar legislación destinada a establecer el tribunal híbrido que, según el acuerdo, será creado por la Comisión de la Unión Africana. Tal como ilustra una carta conjunta enviada el 23 de septiembre por numerosas organizaciones no gubernamentales internacionales y sursudanesas a la presidenta de la Comisión de la Unión Africana, Nkosozana Dlamini Zuma, es imperiosa la necesidad de que la Comisión cree un tribunal híbrido operativo lo antes posible.
Esta disposición es una medida positiva, pero lo importante es que se materialice. Y cuanto antes, mejor.
Somos conscientes de que llevará tiempo establecer un tribunal plenamente operativo, dotado del personal, la infraestructura y los fondos necesarios. Pero urge recabar y conservar desde ahora las pruebas. Las pruebas físicas se deterioran con rapidez en un clima tropical y también existe el riesgo de que se destruyan, alteren u oculten intencionadamente. Los recuerdos de los testigos se desdibujan y se pierde el rastro de estas personas. Se pierden para siempre pruebas vitales. Por eso es importante que, junto con la adopción pronta de medidas encaminadas a establecer el tribunal híbrido, la Unión Africana o la comunidad internacional pongan en marcha urgentemente un mecanismo provisional dotado de un claro mandato para investigar posibles crímenes de guerra y recopilar y preservar pruebas.
Existen numerosos argumentos de autoridad y claros precedentes para tomar tales medidas. Por ejemplo, antes de que se pusiesen en marcha y funcionasen plenamente los tribunales para la ex Yugoslavia y Ruanda ya había comisiones de expertos realizando investigaciones.
Igualmente, en Sudán se creó la Comisión Internacional de Investigación sobre Darfur como paso previo a que el Consejo de Seguridad remitiese la situación a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
El informe de la Unión Africana –y otros muchos informes elaborados por diversas organizaciones, como Amnistía Internacional– no dejan lugar a duda sobre la comisión de crímenes de derecho internacional en Sudán del Sur por ambas partes en el conflicto. Es hora de encontrar a los autores de estos crímenes y hacerles rendir cuentas.
Al tomar medidas de inmediato para emprender investigaciones sobre el terreno se transmitirá un mensaje rotundo de que se está prestando atención a quienes reclaman justicia y de que el informe de la Unión Africana es algo más que palabras estremecedoras sobre el papel. Para que dicho informe tenga un valor real, debe actuar como desencadenante de medidas serias de rendición de cuentas que permitan avanzar verdaderamente hacia la justicia, la verdad y la reparación en Sudán del Sur.
Texto: Ken Scott
Fuente: Amnistía Internacional
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