¿Viola tu movil los derechos humanos?

La relación entre teléfonos móviles e infancia es un tema de debate recurrente, sobre todo, en cuanto al uso que hacen los pequeños de las nuevas tecnologías y el acceso a las redes sociales. Uno más de los problemas del mundo desarrollado. Pero hay un lado oscuro en esa relación entre los dispositivos y los niños: cuando son ellos los que trabajan 12 horas al día por uno o dos dólares, en el mejor de los casos, en condiciones infrahumanas para extraer el cobalto necesario para fabricar las baterías. Ocurre en la República Democrática del Congo (RCD) y lo han documentado Amnistía Internacional y Afrewatch en un amplio informe.

Y sí, ese mineral arrancado de la tierra por los minúsculos dedos de un crío posiblemente malnutrido y envuelto en harapos en una mina ilegal puede haber acabado en el bolsillo de cualquier occidental medio. “Hay grandes marcas de aparatos electrónicos como Apple, Samsung y Sony que no hacen comprobaciones básicas para asegurarse de que en sus productos no se utilice cobalto extraído con mano de obra infantil”, denuncian las organizaciones en su investigación.

Por esto morimos: violaciones de los derechos humanos en la República Democrática del Congo para alimentar el comercio mundial de cobalto. Un jugoso negocio del que poco se beneficia el país, uno de los más pobres del mundo, que ocupa el puesto 176º de 188 en el Índice de Desarrollo Humano y en el que apenas un 28% de sus habitantes tienen un móvil y sólo 1,7% dispone de acceso a Internet, según datos de Unicef.

Paul, huérfano de 14 años, comenzó a trabajar en la minería a los 12. El suyo es uno de los testimonios recogidos por Amnistía en sus pesquisas. “Pasaba 24 horas allí abajo, en los túneles. Llegaba por la mañana y me marchaba a la mañana siguiente [...] Tenía que hacer mis necesidades allí abajo [...] Mi madre adoptiva quería que fuera al colegio, pero mi padre adoptivo estaba en contra y me explotaba haciéndome trabajar en la mina”.

La denuncia de la precaria situación en la que trabajan los mineros, y el drama del trabajo infantil en las explotaciones de RDC, no es nueva. Ya hace 15 años, el Consejo de Seguridad de la ONU alertó de la turbia relación entre la extracción ilegal en el país, el conflicto y las violaciones de derechos humanos. Pero Amnistía Internacional y Afrewatch han dado un paso más allá que el de la mera constatación de un secreto ya conocido.

“Los investigadores han seguido la trazabilidad del cobalto. Cómo las minas ilegales, donde se produce el 20% del total, lo venden a empresas autorizadas, y estas a otras más grandes”, subraya Gerardo Ríos, responsable del trabajo sobre empresas de Amnistía Internacional en España.

Tal como detalla el documento, se preguntó a 87 mineros de cobalto, 17 de ellos niños, en cinco minas en el sur de RCD entre abril y mayo de 2015. Los autores también entrevistaron a 18 comerciantes y siguieron los vehículos de otros tantos para averiguar que lo llevan a mercados legales donde las grandes empresas lo compran. La más importante de ellas es la Congo Dongfang Mining (CDM), filial en propiedad exclusiva del gigante chino del comercio de minerales Zhejiang Huayou Cobalt Ltd (Huayou Cobalt). Y voilá, entre sus clientes, tres fabricantes de componentes de la batería de iones de litio —Ningbo Shanshan y Tianjin BAMO de China, y L & F Materiales de Corea del Sur— que proveen, según sus propias memorias empresariales, a 16 marcas de consumo internacionales, asegura el informe.

La lista “de la vergüenza”, cita Ríos el término usado en el informe, la componen: Microsoft, Apple, Huawei, Lenovo, Daimler, Volkswagen, HP Inc, Samsung electronics, Samsung SDI, Sony, Tianjin Lishen Battery Joint-Stock Co, Vodafone Group, Tianjin Bamo Science and Technology, Coslight, Inventec (propietario del fabricante de móviles OKWAP), y LG.

Ante la evidencia hallada de que estas 16 compañías podrían estar ensamblando en sus aparatos o coches eléctricos baterías fabricadas con cobalto extraído por niños y adultos explotados, Amnistía Internacional se puso en contacto con las marcas. Todos negaron tener conocimiento de su relación (aunque indirecta) con la china Huayou Cobalt y reconocieron no saber de dónde procedía esta materia prima, ni se lo habían cuestionado antes del contacto de la ONG.

"Muchas de estas multinacionales dicen que tienen una política de tolerancia cero con el trabajo infantil. Pero esta promesa no vale ni el papel en que está escrita, cuando ni siquiera investigan a sus proveedores. Sus afirmaciones simplemente no son creíbles", censura el investigador Mark Dummett en el documento.

En resumen: “Una empresa admitió la relación, mientras que otras cuatro no supieron decir con seguridad si compraban cobalto de la RDC o Huayou Cobalt. Seis afirmaron que estaban investigando el asunto. Cinco negaron abastecerse de cobalto a través de Huayou Cobalt, pese a que figuran como clientes en los documentos comerciales de los fabricantes de baterías. Y dos negaron abastecerse de cobalto de la RDC”.

Para Ríos, “las respuestas son evasivas… La mayoría dice que van a intentar comprobarlo”. El responsable del trabajo sobre empresas de AI en España anuncia que volverán a contactar con las compañías en el futuro para interesarse por sus indagaciones (y medidas) sobre el origen de su cobalto. “Haremos seguimiento. Este informe es parte de una serie de investigaciones sobre las cadenas de suministro de minerales de países en conflicto”, detalla.

“Los riesgos para la salud y la seguridad convierten la minería en una de las peores formas de trabajo infantil. Unas empresas cuyas ganancias globales ascienden a 125.000 millones de dólares no pueden afirmar con credibilidad que les resulta imposible comprobar de dónde proceden los minerales esenciales para sus productos”, manifiesta su colega Mark Dummett.

La responsabilidad de cambiar las cosas no solo recae en las citadas empresas, sino también en los gobiernos, en este caso el congoleño, subraya Ríos. Asimismo, añade, tienen que estar comprometidos diferentes organismos internacionales, desde la OCDE hasta la Organización Mundial de Comercio y el FMI, para que violaciones de los derechos humanos como las expuestas no se repitan.

“RDC es el mayor productor de cobalto del mundo y tiene las mayores reservas, el 50%. El siguiente es Australia con un 20%”, anota Ríos. Por eso, el investigador destaca una de las recomendaciones que Amnistía dirige al Gobierno del país. “Se deben ampliar las zonas para la minería artesanal”, pide. De este modo, explica, las que ya operan en territorios vedados, dejarían de ser ilegales y se verían obligadas a respetar los derechos de sus trabajadores y no emplear a niños en sus explotaciones, práctica prohibida por ley".

En definitiva, la ONG reclama más control de autoridades, productores y compradores. A nivel internacional y local. En absoluto, apostilla Ríos, llaman a un boicot a la compra de cobalto congoleño. “Sería arruinar el país”, abunda. “Se trata de ayudar a la gente”.

Unicef estima que 40.000 niños trabajaban en 2014 en minas artesanales en RDC, muchas de ellas de cobalto. “Lo lógico es que estuvieran en la escuela”, reclama el investigador español. “Las empresas que se están beneficiando, tienen que contribuir, pagar cantidades justas...”, sugiere. Así los padres de estos niños, que trabajan para paliar como pueden su situación de extrema pobreza, no mandarían a sus hijos a la mina a cargar con bolsas llenas de piedras y expuestos a sufrir daños pulmonares permanentes, ahogados en la fiebre de otros por su cobalto.