El Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), con sede en Arusha (Tanzania), ha dictado la primera sentencia por genocidio contra una mujer. Se trata de Pauline Nyiramasuhuko, de 65 años y antigua ministra ruandesa de la Mujer y la Familia, que ha sido condenada a cadena perpetua. La procesada es de etnia hutu, mayoritaria en el país africano, y los jueces han fallado que organizó el secuestro y violación de mujeres y niñas tutsi, la comunidad minoritaria. Ayudada por su hijo, Arsene Shalom Ntahobaki, que recibe la misma pena, también ordenó el asesinato de civiles tutsi en su ciudad, Butare, al sur de Ruanda. En 1994, el intento de exterminio de la población tutsi por parte del Gobierno hutu, dejó al menos 800.000 muertos. Naciones Unidas calcula que ello supone el 11% del total de la población. La tragedia se desató ante la pasividad de la comunidad internacional, más preocupada por mantener su influencia en África que por evitarla.
Museo del genocidio en la Escuela Técnica Murambil
Según el TPIR, las milicias hutu, que la procesada contribuyó a crear desde el Gobierno, debían impedir nacimientos dentro del grupo tutsi. En un país donde la pertenencia a una etnia está ligada al linaje paterno, forzar a una mujer y dejarla embarazada equivale a destruir a la comunidad atacada. Las supervivientes de las masacres y violaciones recordaron ante los jueces momentos dantescos. Cuando las que eran ya madres pedían clemencia, "eran degolladas sin miramientos", rezan sus testimonios. Otro pasaje cita la respuesta dada por los milicianos que salían a violar: "Lo hacemos en nombre de Nyiramasuhuko. Es nuestro premio por poner en su lugar a las mujeres (tutsi) que nos miran con desprecio", decían.
También se ha recogido en el juicio un episodio sobre la presencia de la acusada en un puesto de la Cruz Roja y la catástrofe posterior. Se trataba de repartir comida, y los refugiados tutsi acudieron a cientos. Una vez allí, los hombres fueron separados de las mujeres. Ellos perecieron ametrallados. Ellas fueron violadas antes de morir. La fiscalía de Tribunal subrayó el hecho de que la procesada y su hijo, "forzaran a sus víctimas a desnudarse antes de meterlos en camiones para darles muerte". La ex ministra huyó a Congo tras el genocidio y trabajó como asistente social con los refugiados. En 1997 fue arrestada en Kenia. Siempre ha negado los hechos.
El caso de Nyiramasuhuko ilustra dos aspectos señalados de la justicia internacional. Por un lado, confirma que la violación constituye genocidio cuando se utiliza como método de tortura generalizada. De otro, muestra la lentitud de algunos procesos que han dividió a comunidades enteras. El juicio de la ex ministra africana ha tardado 10 años en cerrarse y ello lastra las posibilidades de una reconciliación nacional. Además, como en el caso del Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia (TPIY), con sede en La Haya, el de Ruanda tiene varios prófugos. Uno de los más notorios es Felicien Kabuga, un empresario que habría financiado el genocidio. Estados Unidos cree que se oculta en Kenia.
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