A un año del inicio del programa de desarme de la población civil en Angola, se han recogido más de 50 mil armas de fuego. Es lo que emerge del encuentro público con el título de “La gestión y el control de las armas y las municiones”, presidido por el Primer Ministro angoleño, Cassoma Paulo, en el que participaron los vice-gobernadores provinciales, los miembros de los comités técnicos y los expertos brasileños que han acompañado el programa.
Según las declaraciones a la Agencia de Angopo de Paulo de Almedia, Vice-comandante de la policía nacional angoleña y coordinador de la Comisión nacional para el desarme, la recolección de armas “ha tenido un impacto positivo en la percepción de la seguridad pública”. En particular el alto directivo de la policía ha subrayado que uno de los aspectos más importantes del programa de desarme es la reducción de los delitos cometidos con armas de fuego, aunque se ha registrado un aumento de los crímenes cometidos con armas blancas.
El proceso de desarme de la población civil, que debe concluirse en dos años, tiene previstas dos fases. La primera, que ha durado un año, es de entrega voluntaria por parte de la población de las armas poseídas ilegalmente. La segunda fase, que se inicia ahora, prevé la confiscación por la fuerza de las armas no entregadas espontáneamente, aunque permanece siempre la posibilidad para el ciudadano de entregarlas voluntariamente.
Las autoridades angoleñas han anunciado también la revisión de algunas leyes sobre el porte y el uso de armas y una nueva reglamentación de las compañías de seguridad privada. La gran cantidad de armas de pequeño calibre y portátiles que se hallan en manos de la población angoleña deriva de la guerra civil desencadenada en 1975 y concluida en 2002.
Otra herencia del conflicto son las minas que incluso hoy siembran muertos y heridos. De hecho Angola es el tercer país del mundo con mayor número de minas y otras municiones sin explotar, después de Afganistán y Cambodia. A pesar de los esfuerzos realizados desde 2002 hasta la actualidad para desminar el territorio angoleño, todavía hoy el 15 por ciento de la población angoleña corre graves riesgos en las zonas minadas, según la organización internacional “Landmine Monitor”.
La ONG ha publicado un estudio sobre el impacto de las minas en Angola, fruto de una investigación que duró más de cinco años. En el reporte se estima que son cerca de 80 mil los angoleños víctimas de municiones explosivas, muchos de los cuales han sufrido amputaciones. Cerca de 240 km2 de territorio están todavía minados, y el problema se agrava por el hecho de que no se trata de una sola área delimitada, sino de zonas esparcidas a lo largo de todo el País. Huambo, la provincia en la que durante la guerra se dieron los choques más violentos entre el ejército angoleño y la UNITA (Unión Nacional para la Independencia Total de Angola), sigue siendo una de las zonas más minadas del País.
Fuente: Agencia Fides
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