El informe de 62 páginas, “Diamonds in the Rough: Human Rights Abuses in the Marange Diamond Fields of Zimbabwe”(Diamantes en bruto: Violaciones de los derechos humanos en los campos de diamantes de Marange en Zimbabwe), documenta cómo, tras el descubrimiento de diamantes en Marange en junio de 2006, la Policía y el Ejército han utilizado la fuerza brutal para controlar el acceso a los campos de diamantes y hacerse cargo, sin licencia, de la extracción y comercio de diamantes. Parte de los ingresos de los campos han sido canalizados a miembros de alto nivel del partido ZANU-PF, que ahora es parte de un Gobierno de unidad que necesita urgentemente ingresos ante la grave crisis económica que enfrenta el país.
"La Policía y el Ejército han convertido esta zona tranquila en una pesadilla de anarquía y horrible violencia", dijo Georgette Gagnon, directora de África para Human Rights Watch. "El nuevo Gobierno de Zimbabwe debe sacar al Ejército de los campos, poner fin a los abusos, y enjuiciar a los responsables".
En febrero de 2009, los investigadores de Human Rights Watch realizaron más de 100 entrevistas con testigos, mineros locales, policías, soldados, dirigentes comunitarios locales, víctimas y familiares, personal médico, abogados de derechos humanos y activistas en Harare, Mutare, y en el distrito de Marange al este de Zimbabwe.
Los entrevistados dijeron que los agentes de policía, que fueron desplegados en los campos de noviembre de 2006 a octubre de 2008 para combatir el contrabando ilícito de diamantes, fueron en realidad responsables de abusos graves - asesinatos, torturas, palizas, y hostigamiento - a menudo por los llamados "equipos de reacción", que expulsaron a los mineros ilegales.
"Tres policías a caballo nos atacaron mientras trabajábamos en los campos de diamantes y de inmediato nos dispararon con sus escopetas", dijo un minero a Human Rights Watch, describiendo una redada por parte del "equipo de reacción". "Recibí un disparo en el muslo izquierdo. Dos de mis amigos fallecieron a consecuencia de los disparos recibidos durante ese ataque." 
El informe también examina la toma violenta de los campos de diamantes de Marange por parte del Ejército a finales de octubre de 2008 en la Operación Hakudzokwi (sin retorno), que fue un intento por parte de los militares para imponer el orden en los campos. La operación inició el 27 de octubre de 2008, cuando helicópteros militares con fusiles automáticos montados volaron sobre Chiadzwa, en Marange, y comenzaron a expulsar a los mineros locales. Los soldados dispararon indiscriminadamente municiones y gas lacrimógeno en los campos de diamantes y las aldeas cercanas. Sobre el terreno, cientos de soldados dispararon indiscriminadamente rifles de asalto AK-47, sin dar ningún aviso. En el pánico y la estampida consiguientes algunos mineros quedaron atrapados y murieron en los túneles. Durante más de tres semanas el ataque militar dio lugar a la muerte brutal de más de 200 personas. Los soldados obligaron a mineros a cavar fosas comunes para enterrar a muchos de los muertos.
Un minero local dijo de la masacre: "Los soldados en los helicópteros comenzaron a dispararnos municiones y gas lacrimógeno. Todos dejamos de escavar y corrimos hacia las montañas para escondernos. Noté que había muchos soldados uniformados siguiéndonos a pie. De mi grupo, 14 mineros fueron muertos a tiros por la mañana. "
A la Policía y al Ejército se les ha dado acceso a la riqueza mineral de Marange en un momento en que el Gobierno ha luchado para pagar sus salarios. La investigación Human Rights Watch sugiere que los ingresos procedentes de las gemas también han enriquecido a altos funcionarios del ZANU-PF y han aportado un importante flujo de ingresos para el Banco de la Reserva de Zimbabwe, que ha suscrito algunas de las operaciones militares.
Brigadas del Ejército siguen rotándose en Marange. Bajo control militar, cientos de niños y adultos soportan el trabajo forzado que realizan para los grupos mineros, mientras que los soldados siguen torturando y golpeando a los pobladores, acusándolos de ser parte o de apoyar a los mineros ilegales que no trabajan para el Ejército.
Una joven de 13 años dijo a Human Rights Watch: "Todos los días, acarreaba el mineral y sólo descansaba por períodos muy cortos. ... Siempre empezábamos a trabajar muy temprano en la mañana, antes de los ocho, y terminábamos al oscurecer después de las seis. Todo lo que ahora quiero es volver a la escuela".
El ZANU-PF, que mantuvo el control exclusivo del Gobierno hasta febrero de 2009, no ha podido o querido regular eficazmente los campos de diamantes, mientras que explota la ausencia de un propietario legal de las piedras preciosas. La mala gestión de los campos de diamantes de este partido ha sucedido en medio del fracaso de las políticas económicas que han dado lugar a tasas de inflación astronómicamente altas en Zimbabwe, que han llevado al país al borde de la quiebra.
Si bien el nuevo Gobierno de coalición de Zimbabwe, formado en febrero de 2009, ahora pide al mundo ayuda para el desarrollo, millones de dólares en posibles ingresos públicos son desviados a través de la minería ilegal de diamantes, contrabando fuera del país de piedras preciosas, y la corrupción. El nuevo Gobierno podría generar cantidades sustanciales de ingresos procedentes de los diamantes para financiar una parte importante del programa de recuperación económica de Zimbabwe, si la industria de los diamantes fuera regulada y operada legalmente con una mayor transparencia y rendición de cuentas.
Human Rights Watch insta al Gobierno de unidad a sacar al Ejército de Marange y restablecer las responsabilidades de seguridad de la Policía, pero garantizando que la Policía respete las normas internacionalmente reconocidas de la aplicación de la ley y el uso de la fuerza letal. El Gobierno de unidad también debería designar un comité de supervisión de la policía local, abrir una investigación imparcial e independiente sobre las graves violaciones de los derechos humanos y pedir cuentas a todos a los responsables.
Human Rights Watch exhortó al Sistema de Certificación del Proceso de Kimberley (SCPK), un grupo internacional que rige la industria mundial de diamantes, a presionar a Zimbabue, un participante, para poner fin al contrabando de diamantes y garantizar que todos los diamantes de Marange sean legalmente extraídos, documentados, y exportados en conformidad con las normas del SCPK. Human Rights Watch dijo que el Sistema de Kimberly debería urgentemente examinar y ampliar la definición de "diamantes de zonas en conflicto" para incluir a los diamantes extraídos en el contexto de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos.
Human Rights Watch también instó a Sudáfrica, tanto en su papel de miembro del Sistema de Kimberly como de presidente de la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC), a presionar por reformas y cambios de políticas rápidos que pongan fin a la exportación de diamantes de contrabando de Marange hacia Sudáfrica y otros países, habida cuenta de las graves violaciones de los derechos humanos involucradas.
"Una petición clara por parte de Sudáfrica demandando la prohibición de los diamantes de Marange no sólo protegería a los zimbabuenses de los abusos en los campos de diamantes de Marange, sino también ayudaría a Sudáfrica a proteger a su propia industria de diamantes", dijo Gagnon. "Sudáfrica necesita presionar a Zimbabwe a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de su comercio de diamantes".
Si quieres saber más:
El Observador: "Diamantes opacos"
Ser Responsable: "El negocio de los diamantes se cobra vidas en Zimbabwe"
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