Al menos 86 países aún reclutan a niños y niñas para sus ejércitos y para grupos paramilitares, pese a que algunos de esos Estados han firmado la Convención sobre los Derechos del Niño, según denuncia la Coalición para Acabar con la Utilización de Niños y Niñas soldados y que ha difundido Amnistía Internacional.
"Los niños soldados son ideales porque no se quejan, no esperan que les paguen y si les dicen que maten, matan". De esta forma resumía un alto mando del Ejército Nacional de Chad las ventajas de reclutar, incluso por la fuerza, a menores de 18 años, a muchos de los cuales también se les usa como espías o para que participen de forma activa en hostilidades.
Según un informe difundido por Amnistía Internacional, el número de Estados que han ratificado la Convención de los Derechos del Niño ha ascendido desde 2004 de 77 a los 120 de la actualidad, pero eso no significa que la protección a la infancia sea efectiva. La Coalición para acabar con la Utilización de Niños y Niñas Soldados recoge datos de países del primer mundo en el que esa práctica parecería inimaginable pero es real.
Es el caso del Reino Unido, que envió a menores de 18 años a Irak pese al riesgo de sufrir las consecuencias bélicas del derrocamiento de Sadam Hussein. Es también el caso de Alemania, "cuya utilización de menores soldados es evidente", y de Australia, Austria, Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Luxemburgo y Países Bajos. Sin embargo, la explotación militar de niños y ni las es especialmente grave en algunos países africanos y asiáticos, y eso pese a que desde finales de 2004, con el fin de algunos conflictos tribales en países subsaharianos, "decenas de miles de niños y niñas han sido liberados de ejércitos y grupos armados".
Las primeras medidas adoptadas para evitar ese salvaje maltrato a la infancia han llegado de la ONU y de la Corte Penal Internacional, que en 2007 presentó cargos por crímenes de guerra relacionados con el reclutamiento, el alistamiento y la participación activa de menores de 15 años en hostilidades contra miembros de grupos armados de la república democrática del Congo y de Uganda. Ese año, el Tribunal Especial para
Sierra Leona declaró a cuatro personas culpables de cargos que incluían el reclutamiento y la utilización de menores durante la guerra civil que asoló ese país de la costa occidental africana.
El ´halal de sangre´
El informe de la Coalición recoge una entrevista con un líder religioso de Pattani, al sur de Tailandia, en la que explica que "cuando los grupos armados reclutan niños y jóvenes les hacen prestar juramento. Una vez que lo han hecho ya no se pueden echar atrás porque, si no, otros miembros los matarán. Es lo que llaman ´halal de sangre´ (homicidio sin culpa) porque castiga un acto de traición a la religión por un munafi". Es cierto que se ha reducido el reclutamiento de menores en lo que va de siglo, pero también lo es que algunos Estados como Myanmar, Chad, Israel, Uganda, Yemen, Sudán, República Democrática del Congo, Somalia o Yemen, no solo los reclutan o usan como espías y mensajeros de guerra, sino que insisten en exponerlos a los peligros psicológicos y físicos del combate.
En el caso de las niñas, formar parte de un ejército incluye la esclavitud sexual, las violaciones y otras formas de violencia sexual. Rescatar a un menor de la actividad militar o paramilitar en la que ha sido adiestrado no es fácil. Para ello se creó un programa de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) que ha logrado devolver a la vida civil desde 2004, aunque con importantes traumas psicológicos, a más de 500.000 menores, la mayoría varones.
Por contra, muchas niñas quedan excluidas de ese proceso de reintegración, tanto que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hizo una seria advertencia al respecto en su resolución 1460. En Liberia, cerca de 3.000 niñas fueron desmovilizadas, pero nada menos que 8.000 quedaron excluidas de ese proceso. En la República Democrática del Congo también se logró desmovilizar a otras 3.000 niñas, pero esa cifra se cree que es solo el 15 por ciento de las que participaron en la guerra civil de ese país. El informe concluye que la vigilancia y presión internacional debe ser más contundente y también que el camino por recorrer es aún muy largo.
Texto: Belén Molina
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